Resumen:
El texto examina la potestad legal que tiene la administración para aplicar medidas punitivas ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.
La investigación detalla que esta facultad no otorga capacidad legislativa a la administración, sino que nace estrictamente de la ley y debe regirse bajo principios fundamentales como la legalidad, la reserva de ley, la prohibición de leyes retroactivas (salvo que beneficien al infractor) y el estricto respeto al debido proceso y a la garantía de ley previa.
Asimismo, la autora aclara que el propósito principal de las sanciones no es constituir una fuente adicional de ingresos para el Estado, sino actuar como un mecanismo disuasivo y educativo que fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en un ambiente de riesgo real y efectivo.
Finalmente, el documento aborda la responsabilidad ante las infracciones, diferenciando la responsabilidad personal de quienes ejecutan el acto (autores, cómplices o encubridores) de la responsabilidad real, estableciendo la solidaridad financiera entre las empresas, sociedades o negocios y sus representantes legales, directivos o administradores.
