Descripción:
La presente investigación tuvo como fin analizar la gobernanza ambiental vigente en el Ecuador con respecto a la restauración de los manglares, la misma que se encuentra bajo la competencia del Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental, recayendo en la Dirección de Patrimonio Forestal del país, según la estructura y competencias internas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. En Ecuador no se evidenció mucha investigación sobre el estado actual de los manglares, porcentaje de deforestación, porcentaje de reforestación, o casos de restauración del ecosistema manglar degradado principalmente por la actividad humana, siendo esta principalmente la urbanización y acuicultura. En la revisión bibliográfica y sobre el marco legal ambiental vigente, se pudo evidenciar la existencia de instrumentos de política pública para conservar los manglares: Socio Manglar, Acuerdo de Uso y Custodio de Manglar para Usuarios Ancestrales y Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde que se conoce data sobre la cantidad de hectáreas totales en Ecuador a la fecha, se que realiza esta investigación, se han reducido alrededor del 55% del ecosistema manglar según el último censo realizado por el hoy extinto CLIRSEN en el año 2016, lo que refleja el bajo cumplimiento de la sociedad y bajo cumplimiento de la Autoridad Ambiental de las excasas medidas para la restauración del ecosistema manglar en el Ecuador. Debe ser fortalecido un ecosistema financiero integral en el Ecuador, que promueva la restauración de los manglares , esto incluye fondos multilaterales para programas nacionales, fondos privados accesibles para emprendimientos, empresas e industrias, este incentivo será medido a través del número de toneladas de CO2 almacenadas por hectárea de manglar conservado y restaurado. Las urbanizaciones y camaroneras al ser las principales amenazas del ecosistema manglar son también corresponsables de su completa recuperación, la Autoridad Ambiental competente debe de incluir el mercado de carbono como instrumento de regularización ambiental de obligatorio cumplimiento que estas actividades deberán implementar para poder operar y mantener vigente su permiso ambiental respectivo.