En el ámbito internacional, el robo de energía genera pérdidas millonarias a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, representando -entre otros- una reducción de sus ingresos por los consumos no facturados, un incremento de sus gastos por la compra de energía y transporte, una educción de la disponibilidad de su capacidad instalada y una reducción del período de vida útil de sus equipos. Este incremento en los costos de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, generalmente es trasladado a los usuarios, reflejándose en elevados valores de las tarifas eléctricas.