Reforma financiera de la educación publica

Abstract

La Educación en el Ecuador no refleja un manejo eficiente y equitativo del gasto público en áreas sociales, porque el Estado paternalista que aún permanece en algún sentido mantiene una gratuidad y mediocridad que implican inequidad, enfrenta la burocracia y corrupción administrativa en todos sus niveles, sirve a grupos de interés y no al bienestar colectivo. El estudio analiza que el manejo del gasto público en educación ha estado sujeto a variables económicas del entorno y a presiones políticas de sectores interesados en el aumento del gasto para aumento de gastos corrientes y por lo tanto de salarios administrativos y docentes. Las condiciones macroeconómicas no garantizan la sustentabilidad de una política social de inversión con rentabilidad económica y social, por lo cual como parte de la modernización del Estado se debe redefinir la provisión y producción de educación en el Ecuador. La provisión de educación debe encuadrarse a las condiciones de mercado donde la competencia asigne los recursos eficientemente y con el ahorro social que esto genere compensar las inequidades que se presentaren. El Estado debe reducir la producción de educación y dedicarse a financiar la demanda, lo que implica actuar con un personal reducido en la administración central y además la competencia local por ganar los fondos subvencionados en términos de calidad educativa y rendimiento escolar de la institución como un todo. La administración por descentralización debe entregarse a organismos seccionales autónomos de tal forma que a través de los Municipios pague quien consume, lo que quiera consumir. Así el mercado en una creciente información del mercado de educación, las partes que demandan y ofertan se encuentran y manifiestan sus preferencias. Gastar 30% del PGE es interés del magisterio, pero no garantiza nada bajo las condiciones actuales de la producción estatal de educación. El Estado debería vincular la educación con el mercado de trabajo para evitar la sobreeducación, la educación de consumo y el desempleo de profesionales, que ni contribuye a elevar el PIB ni a mejorar las condiciones de equidad social.